- El pasado viernes el diario El mundo publicaba lo siguiente:
Fátima vive en España y tiene cáncer. Pero ni siquiera está en lista
de espera para recibir tratamiento, porque el acceso a la sanidad
pública está bloqueado para ella. Su caso no existe para la
administración desde que entró en vigor el Real Decreto 16/2012, pero su
historia es real y no es ninguna excepción.
Así lo ha denunciado en el Congreso de los Diputados Álvaro González,
presidente de Médicos del Mundo, que ha querido poner nombre y rostro a
las consecuencias de la reforma sanitaria que excluye a
los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria y que, según datos
de la ONG, ya ha dejado en un particular "apartheid" a más de 800.000
personas en España.
"No se trata de una opinión, sino de una realidad objetiva",
ha señalado González a ELMUNDO.es tras su intervención en la Cámara
baja. "Y todo bajo la premisa de un ahorro que ni siquiera se
conseguirá, como han demostrado numerosos estudios", ha subrayado.
Dejando de lado los argumentos morales y éticos, ha continuado
González, "hay múltiples evidencias científicas de que la exclusión de
un colectivo de la sanidad no sólo no supone un ahorro sino que termina suponiendo un coste superior".
Según los datos de Médicos del Mundo, los casos de exclusión más
habituales afectan a personas con enfermedades crónicas sin controles
periódicos y que han sufrido interrupciones en sus tratamientos -como el
caso de Andrés, con diabetes, hipertensión y dislipemia y "desaparecido del sistema"- y también a individuos con enfermedades mentales o patologías transmisibles, como el VIH o la tuberculosis.
En este último caso, poner barreras a la atención no sólo es
perjudicial para los afectados, ha explicado González, sino para el
mantenimiento de la salud pública, ya que favorece la aparición de nuevos contagios e incluso brotes.
La ONG también ha detectado casos en los que se contraviene lo
especificado en la propia legislación, "como la negativa de atención a
embarazadas, a menores o el intento de facturar la asistencia en
urgencias", ha señalado González.
Por otro lado, tal y como ha denunciado el médico ante los diputados,
la normativa también está afectando negativamente a la gestión y a la
atención médica, con respuestas contradictorias en las diferentes
comunidades y una "marcada descoordinación entre niveles asistenciales".
En su intervención, el médico ha querido desterrar uno de los mitos
que circulan en torno a la nueva legislación y sus efectos. "En la gran
mayoría de los casos, los excluidos no son personas que acaban de llegar
en patera, sino personas que llevaban años viviendo y trabajando aquí,
contribuyendo con sus impuestos al sistema y que se han encontrado con
una barrera precisamente en un momento vulnerable, cuando han perdido el
trabajo", ha remarcado.
