Lola Ruiz Iglesias es Directora de la Cátedra Pfizer en Gestión Clínica y ha publicado lo siguiente:
La crisis ya da la cara en la sanidad. La confrontación entre administración sanitaria, profesionales y población que se está produciendo como consecuencia de las medidas propuestas para paliar la situación económica de la sanidad, nos debería alertar sobre un viejo, pero vigente, principio en este sector: con la colaboración e involucración de los profesionales puede que se consiga hacer frente a los problemas que el sistema tiene que afrontar. Sin los profesionales es, sencillamente, imposible.
En el marco de una reflexión global sobre si la sociedad española puede soportar el estado de bienestar actual, la sostenibilidad del sistema sanitario, componente nuclear de ese estado, ocupa un lugar preferente. Las decisiones que se tomen sobre el sector sanitario van a tener un importante impacto económico y social. El gasto sanitario total en España es de un 8,4% del PIB, correspondiendo un 6% al gasto público y un 2,4% al gasto privado. En este contexto, el debate sobre la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo valor social no se suele cuestionar, se centra básicamente en cómo controlar el gasto sanitario público que en cifras totales supone 58.466 millones de euros, de los cuales el 41,5% se destina a la remuneración de los profesionales.
La mayor parte de las propuestas que se plantean son, en esencia, un conjunto de medidas encaminadas a limitar el acceso de la población a los servicios sanitarios, bien introduciendo esquemas de copago, disminuyendo la actividad, cerrando servicios o limitando la cobertura. Estas medidas son sólo un camino fácil que evita enfrentar el problema de fondo: la sanidad necesita una transformación profunda de su gestión.
Desde los modelos de contratación y retribución de sus profesionales hasta sus sistemas de compra, el marco operativo del sistema sanitario hace aguas en aspectos críticos de su eficiencia y es una fuente inagotable de desperdicio.
PlanificaciónLa idea de que el ciudadano abusa, o no utiliza correctamente el sistema sanitario, se liga directamente al hecho de que no tiene que pagar en el momento de hacer uso del servicio. Curiosamente no se liga a otras causas como la despersonalización del sistema, su falta de coordinación y la burocracia que acompaña todo el proceso, que hace que el ciudadano se sienta inseguro, tenga que acudir muchas más veces de las necesarias a los centros sanitarios, y que acuda a los servicios de urgencia como la puerta más eficiente para resolver su problema de salud.
Personalmente, parto de la base de que si el índice de frecuentación en España es más alto de lo que debería, el problema, y su solución, hay que buscarlo en la planificación, organización y gestión de sus servicios. El cómo se ofrecen los servicios es tan relevante como los servicios mismos que se ofrecen, y determina los patrones de conducta de sus usuarios.
Volviendo a las medidas encaminadas a controlar el gasto sanitario, considero que antes de penalizar al ciudadano limitando el acceso, disminuyendo la cobertura y/o introduciendo medidas de copago, administradores sanitarios, gestores y profesionales están obligados a reflexionar sobre cómo se están utilizando los recursos existentes.
Las organizaciones sanitarias deberían concentrar su atención en identificar el desperdicio, es decir, suprimir todas aquellas actividades que se realizan y no aportan valor a la esencia del proceso asistencial: hacer buenos diagnósticos y tratamientos y hacerlos bien a la primera.
En todas las organizaciones hay desperdicio.
En los hospitales las causas del desperdicio son múltiples, desde procesos burocráticos mal diseñados cuando no inútiles hasta la realización de pruebas innecesarias o tratamientos inadecuados. El potencial de mejora es muy alto y, en mi opinión, se trata del desafío más importante que tiene la sanidad.
El desperdicio tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema sanitario, y su gestión solo es posible en una convergencia y alianza entre gestores y profesionales, como requisito previo a la introducción de medidas que penalicen innecesaria e inadecuadamente a la población.
Aunque en el contexto de la red sanitaria apenas existen algunas experiencias puntuales encaminadas a la identificación y gestión del desperdicio, afortunadamente apuntan a la emergencia de una nueva cultura de gestión y práctica que entiende este aspecto como un componente clave de su responsabilidad social.
La actual situación económica ofrece una razón de peso para no aplazar por más tiempo las reformas estructurales que liberen al sistema de perversiones, bien conocidas, que son un lastre para su eficiencia, cuando no para su calidad. Desde esta perspectiva, la crisis es una gran oportunidad para que la sanidad enfrente con rigurosidad el desafío de eficiencia que tiene como sector y que comparte con otros, tanto del ámbito público como del privado.
