Leyes que matan

-  El pasado viernes el diario El mundo publicaba lo siguiente:
Fátima vive en España y tiene cáncer. Pero ni siquiera está en lista de espera para recibir tratamiento, porque el acceso a la sanidad pública está bloqueado para ella. Su caso no existe para la administración desde que entró en vigor el Real Decreto 16/2012, pero su historia es real y no es ninguna excepción.
Así lo ha denunciado en el Congreso de los Diputados Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, que ha querido poner nombre y rostro a las consecuencias de la reforma sanitaria que excluye a los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria y que, según datos de la ONG, ya ha dejado en un particular "apartheid" a más de 800.000 personas en España.
"No se trata de una opinión, sino de una realidad objetiva", ha señalado González a ELMUNDO.es tras su intervención en la Cámara baja. "Y todo bajo la premisa de un ahorro que ni siquiera se conseguirá, como han demostrado numerosos estudios", ha subrayado.
Dejando de lado los argumentos morales y éticos, ha continuado González, "hay múltiples evidencias científicas de que la exclusión de un colectivo de la sanidad no sólo no supone un ahorro sino que termina suponiendo un coste superior".
Según los datos de Médicos del Mundo, los casos de exclusión más habituales afectan a personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos y que han sufrido interrupciones en sus tratamientos -como el caso de Andrés, con diabetes, hipertensión y dislipemia y "desaparecido del sistema"- y también a individuos con enfermedades mentales o patologías transmisibles, como el VIH o la tuberculosis.
En este último caso, poner barreras a la atención no sólo es perjudicial para los afectados, ha explicado González, sino para el mantenimiento de la salud pública, ya que favorece la aparición de nuevos contagios e incluso brotes.
La ONG también ha detectado casos en los que se contraviene lo especificado en la propia legislación, "como la negativa de atención a embarazadas, a menores o el intento de facturar la asistencia en urgencias", ha señalado González.
Por otro lado, tal y como ha denunciado el médico ante los diputados, la normativa también está afectando negativamente a la gestión y a la atención médica, con respuestas contradictorias en las diferentes comunidades y una "marcada descoordinación entre niveles asistenciales".
En su intervención, el médico ha querido desterrar uno de los mitos que circulan en torno a la nueva legislación y sus efectos. "En la gran mayoría de los casos, los excluidos no son personas que acaban de llegar en patera, sino personas que llevaban años viviendo y trabajando aquí, contribuyendo con sus impuestos al sistema y que se han encontrado con una barrera precisamente en un momento vulnerable, cuando han perdido el trabajo", ha remarcado.